Reformarán Ley española de Extranjería

Madrid.-La Ley española de Extranjería será reformada para consolidar la "inmigración legal y ordenada" y adaptarla "a las necesidades del mercado de trabajo", y entre sus modificaciones se prevé una limitación en la reunificación familiar y el castigo a quien promueva la inmigración ilegal.

Así lo explicó hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en una sesión del Parlamento en la que el Ejecutivo consiguió rechazar una serie de enmiendas propuestas por la oposición aunque le ofreció a esta trabajar entre todos los partidos para aprobar una norma consensuada.

Corbacho añadió que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria -de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009- y es necesario "pasar de una ley de Extranjería a una ley de Inmigración".

El texto propuesto por el Gobierno para reformar esta Ley -reguladora de los Derechos y Libertades de los Extranjeros y su Integración- contempla un cambio en el sistema de la agrupación familiar, aplazando la de los ascendientes hasta que tengan 65 años o a "casos humanitarios" y posibilitando la de las parejas de hecho.

La norma vigente permite agrupar a la pareja y a los hijos menores de 18 años, y además a los suegros y padres, de manera que cuando estos últimos regularizan su situación son generadores de este derecho para seguir reagrupando a otros miembros de la familia.

La nueva ley perseguirá la promoción de la inmigración irregular pero deja "fuera de toda duda" que no se va a perseguir la acogida humanitaria, y en cuanto a los menores de edad no acompañados, el texto prevé la celebración de una audiencia del menor en los procesos de repatriación.

También contempla mejoras en la lucha contra la inmigración irregular tendentes a profundizar en los instrumentos preventivos, aumentar la eficacia de los procedimientos de repatriación y la mejora de las garantías en las distintas situaciones.

Así, está prevista la creación de un registro de entradas y salidas de los extranjeros para mejorar el control preventivo de la estancia irregular.

Además, el nuevo texto regula la autorización de residencia a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, para que el temor a la expulsión no sea un obstáculo para la denuncia.

El texto de esta reforma, la cuarta que se produce en los últimos ocho años, fue aprobado en junio pasado por el Gobierno como propuesta de reforma de la Ley original, de enero de 2000.

En vigor desde el 1 de febrero de 2000, la Ley de Extranjería fue modificada por primera vez un mes más tarde, cuando el hoy opositor Partido Popular (PP) ganó las elecciones ese año y promovió una reforma que recortaba los derechos de los inmigrantes indocumentados.

En aquella ocasión se reguló la posibilidad de expulsar a los inmigrantes ilegales, así como la anulación de los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.

En la última reforma, en 2004, la ley preveía la regularización de los inmigrantes sin papeles que llevaran seis meses empadronados en España y contaran con un contrato de al menos seis meses.

En la sesión parlamentaria de hoy, los partidos que presentaron enmiendas al nuevo texto legislativo -PP, Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU)- fueron críticos con la iniciativa pero aceptaron el ofrecimiento del Gobierno de trabajar juntos en la mejora del proyecto.

Tras calificar la política migratoria de "asunto de Estado", el ministro de Trabajo pidió el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que -dijo- consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo.

En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho rechazó la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, les serían cerradas las puertas a la sanidad y a la educación.

El portavoz del PP, Rafael Hernando, dijo que la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del "papeles para todos a problemas para todos" y sus regularizaciones "masivas" tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda "el millón, según un sindicato".

Joan Herrera, de IU, dijo que la nueva ley "recoge pocos derechos" y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento de extranjeros, y el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, dijo que "todo son críticas" y recordó que tanto Amnistía Internacional como Red Acoge, Cáritas o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han cuestionado el texto.