De la RedacciónSANTO DOMINGO.-El senador Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular de España, estaría supuestamente involucrado en un presunto delito de blanqueo de dinero en un paraíso fiscal, una pequeña isla del Caribe, lo que constituye uno de los entramados ventilados en el caso Gûrtel que se conoce en Madrid.
"Uno de los casos que presuntamente afecta a Bárcenas se refiere a un presunto delito de blanqueo de dinero en un paraíso fiscal, una pequeña isla del Caribe, del que habría que averiguar la procedencia del dinero y para ello es imprescindible que no se desglose de la trama principal", refiere el periódico español El País en su edición impresa de este miércoles 17 en un artículo sobre el sonado caso.
En el artículo fichado en Madrid, bajo la firma de José Yoldi y Julio M. Lázaro, se explica que el Tribunal Supremo admitirá su competencia para investigar la presunta corrupción del senador Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular; del diputado nacional de ese partido Jesús Merino y del eurodiputado popular Gerardo Galeote, implicados todos ellos en el denominado caso Gürtel, según informaron ayer fuentes jurídicas.
El debate en la Sala de lo Penal, la encargada de enjuiciar el caso, no es si el Supremo admitirá hacerse cargo de la investigación de los tres aforados, sino si se hará cargo de la instrucción de toda la causa como sugería Antonio Pedreira, juez instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o sólo de la que se refiere a los tres aforados.
Pedreira había asumido las tesis defendidas por la Fiscalía que sostenían que todo el caso está entrelazado y que no sería ni conveniente ni adecuado desglosar las partes referidas a los aforados.
Agrega que "uno de los casos que presuntamente afecta a Bárcenas se refiere a un presunto delito de blanqueo de dinero en un paraíso fiscal, una pequeña isla del Caribe, del que habría que averiguar la procedencia del dinero y para ello es imprescindible que no se desglose de la trama principal".
Además, los presuntos delitos de cohecho se refieren a adjudicaciones ilegales, por lo que la investigación quedaría coja o incompleta si no se pudieran vincular los primeros con las segundas.
No obstante, el Tribunal Supremo es soberano en esa cuestión y podría pronunciarse por investigar únicamente lo referido a los imputados que tienen fuero por razón de su cargo y dejar el resto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, o incluso nombrar un instructor delegado, aunque no parece probable esta última solución.
La advertencia realizada por Pedreira sobre la posible prescripción de los delitos no preocupa en el alto tribunal. De acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, la prescripción se interrumpiría desde el mismo momento en que el Supremo admitiera su competencia en el caso, ya que la exposición razonada del instructor se refiere a los tres aforados y, por tanto, ya habría una causa dirigida contra ellos. No sería necesario que se solicitara su suplicatorio para que acudieran a declarar en calidad de imputados.
El Supremo podría estudiar incluso la opción de que los imputados declarasen voluntariamente sin necesidad de que el alto tribunal tramitase el suplicatorio. El fiscal Juan Ignacio Campos, que se hará cargo de la acusación pública en el caso Gürtel en el Supremo, apoyaría esta solución, aunque es improbable que la acepten los imputados.
Mientras tanto, Antonio Pedreira, encargado de continuar con el proceso en tanto el Supremo no admita su competencia, ha citado a declarar el próximo jueves, por petición del Ministerio Fiscal y en calidad de testigos, a Miguel González Martín y a Isabel Fernández Chacón de Lucas, empleados de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte (Madrid).
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que la Abogacía del Estado se personará en el caso Gürtel en representación de la Agencia Tributaria (AEAT) al haber aparecido indicios de delitos contra la Hacienda pública. Caamaño replicó así a unas declaraciones del vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, que afirmó que la actuación de jueces y fiscales se debe al "mal perder" del Gobierno central en las elecciones europeas.
Caamaño afirmó que el Ministerio de Justicia "no ha cambiado de opinión" tras los resultados electorales del 7 de junio, pero la diferencia estriba en los delitos contra Hacienda, ya que "la Hacienda pública somos todos nosotros".
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