Baní.- El juez de la Instrucción Bartolomé Michael Castillo Velásquez aplazó para el jueves 4 de junio la audiencia preliminar que abrió ayer en contra de los imputados en el sonado caso Paya, y declinó hacia la corte de San Cristóbal la recusación de que fue objeto por parte de uno de los defensores que representa al abogado José Simé Cisneros.
Tomás Castro, defensa de José Simé, recusó al magistrado Castillo, porque según dijo, “éste no garantiza el debido proceso”, y ha actuado a su juicio “en contra de los imputados”, afirmó, molesto.
A solicitud del Ministerio Público, el juez Castillo decidió rechazar los incidentes que presentó la defensa de los encartados, quienes solicitaron que el tribunal declarase inconstitucional la calificación de “caso complejo” de este proceso, por lo que la mayoría de los implicados en este expediente guarda 18 meses de prisión preventiva.
El magistrado también desestimó el pedimento de la defensa en el sentido de que declarara nulo el proceso, alegando la inconstitucionalidad del mismo y rechazó incluso la solicitud de conocer por separado las acusaciones en contra de Augusto Daneris Santana (El Testaferro), y de otros acusados.
Sin embargo, acogió el pedimento de la defensa en el sentido de que el juez dispusiera la reposición de los plazos de los implicados, ya que según alegaron, la Fiscalía no les había facilitado las pruebas de la acusación, por lo que sus “defendidos habrían caído en estado de indefensión”, al no poder montarles con efectividad “su medio de defensa”.
Bajo este argumento el magistrado Castillo dispuso el aplazamiento de esta audiencia preliminar para el jueves 4 de junio.
Con estrictas medidas de seguridad, los 25 imputados de este hecho fueron traídos al palacio de justicia de Baní, cerca de las 10:00 de la mañana, procedentes de las cárceles de La Victoria, Najayo, Monte Plata, el 15 de Azua y Puerto Plata.
Unos 50 abogados asumieron la defensa de los 25 encartados en este juicio que se inició a las 10:30 de la mañana y concluyó con su aplazamiento para junio próximo, luego de 10 horas de debate jurídico, en una sala de audiencias repleta de policías, abogados, imputados y sus familiares y periodistas de medios nacionales y locales.
En esta primera audiencia, 12 fiscales subieron a estrado en representación del Ministerio Público, entre estos el titular de la jurisdicción, Robert Lugo Betancourt.
Además, Francisco Polanco, de la procuraduría General de la República, los adjuntos Francis Valdez, Constantino Beltré, Dulce María Luciano, María del Carmen y Pelagio Alcántara, de la Unidad de Antilavado, entre otros.
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