SAN CRISTOBAL.-Impedimento de salida y presentación periódica al juez de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal fue la medida de coerción que se le impuso al síndico de Villa Altagracia, Pedro Peralta, y al Tesorero del cabildo, Franklin Vargas, acusados de prevaricación y desfalco por RD$108.5 millones.La medida fue impuesta por el juez de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, Félix Matos Acevedo.
El magistrado adoptó la decisión luego de escuchar el dictamen de la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, que solicitó la imposición de una garantía económica de RD$3 millones a cada uno, más el impedimento.
Los abogados del síndico Roberto Faxas Sánchez y Félix Santana Echavarría habían solicitado rechazar la petición de medidas de coerción en contra de los imputados. La DPCA afirma que los imputados cometieron el delito de desfalco en contra del Estado, "toda vez que mediante la evasión de los controles de órganos responsables, emitieron pagos en efectivo por la suma de RD14,086,500.71".
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